La muy reglada educación española alcanza solo a las etapas obligatorias, de seis años en adelante. De ahí para abajo la atención de los niños, sobre todo hasta los tres años, es tan desigual que se podría hablar de 17 sistemas distintos e incluso de iniciativas ilegales o pseudoempresariales alejadas de cualquier normativa oficial y de la consideración pedagógica de esta etapa. A este desorden en las guarderías o en las escuelas infantiles se suma, además, la crisis, que está incidiendo en las matrículas: si los padres están en paro, el niño bien puede cuidarse en casa, máxime si el precio de las plazas se ha incrementado.
El pasado curso se matricularon en primer ciclo de Educación infantil (de 0 a 3 años) 432.000 niños, un 2,1% menos que el año anterior (casi 10.000 inscritos menos). No solo se explica por la caída de nacimientos (3,9% en 2012), sino por el coste a veces inasumible. De forma que en la pública fueron 12,5 niños por profesor (0,7 menos que el anterior) y en la privada 12,8 niños (0,3 menos). A pesar de perder más que en la privada, aún el 53% de los niños escolarizados a esta edad están en las escuelas infantiles públicas, frente a un 17% en la concertada y un 30% en la privada.
Los centros privados —en general con peores instalaciones que los públicos, pero con horarios más amplios— se han convertido en algunas regiones en un serio competidor de la Administración. En algunos casos porque esta lo favorece: en la Comunidad de Madrid, algunas escuelas concertadas se publicitan ya como “más económicas que las públicas”, ya que descuentan el cheque escolar que se concede a quien elige estos centros. Se benefician de la política de subvenciones a estas guarderías impulsada por el Gobierno regional desde 2002, mientras que renuncian a la plaza en los centros públicos la mitad de los solicitantes, según un estudio de los sindicatos. Y lo hacen por su precio, mínimo de 234 euros al mes por bebé.
Este curso se han entregado 31.000 cheques guardería en Madrid (entre 100 y 160 euros mensuales), una cifra enorme si se compara con las 800 becas que había para transporte. En el País Vasco o Cantabria, por el contrario, los centros públicos tratan de absorber a esta primera franja de edad.
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